Las cárceles de Río Negro están colapsadas y, frente a esta realidad, el Servicio Penitenciario de la provincia está analizando seriamente dos alternativas de urgencia que ya dispararon la polémica: alojar presos en containers con servicios esenciales -los mismos que se utilizan en los campamentos petroleros- y alquilar una cárcel al gobierno de Neuquén para trasladar allí a los detenidos, pagándole 15.000 pesos mensuales por cada uno.
La primera iniciativa, que no es novedosa ya que intentó implementarse sin éxito en tres jurisdicciones del país (ver Una idea...) pero que ya se lleva adelante en otros países, ya fue avalada por el juez de Ejecución Penal, Juan Martín Arroyo. Será analizada en una audiencia el 17 de este mes.
No obstante, el gobernador Alberto Weretilneck aclaró anoche que la decisión aún no está tomada y que "continúan analizando otras alternativas".
Según constató el fiscal de Cámara Carlos López, en el Penal N° 3 de Bariloche hay 115 internos -entre condenados, procesados y detenidos-en un espacio preparado para apenas 60, por lo que están en una situación de hacinamiento.
Desde la Justicia exigieron al Servicio Penitenciario provincial que resuelva de inmediato la situación. Pero como no hay presupuesto para construir una cárcel nueva, el Servicio comenzó a evaluar el traslado de los presos a orillas del río Ã?irihuau -un hermoso y desolado paisaje a 15 kilómetros de Bariloche- y que sean alojados en unos containers similares a los que utilizan en los campamentos petroleros en Neuquén.
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