Las mafias que usurpan terrenos en la Villa 31

La "impunidad absoluta" con la que se mueven las mafias que usurpan terrenos en la Villa 31

Un funcionario del Gobierno porteño dio detalles de cómo operan, quiénes son los cabecillas y cómo se los combate. El fantasma de los ghettos narco. Ciudad versus Nación: ¿quién tiene que hacerse cargo?



Terminaron firmando un acta al respecto. El texto en sí tiene cierto descaro. El 4 de noviembre del año pasado, cuatro vecinos de la Villa 31 que se reconocieron como "referentes de los terrenos lindantes y usurpados" de lo que se conoció como Villa Nylon, se comprometieron ante la Policía Metropolitana y la fiscal Silvana Bruno a retirarse en paz del lugar. Hace cuatro años, la creación de Villa Nylon fue una muestra clara de cómo se transforma y expande el mapa del mayor asentamiento de la Capital. Una toma masiva, casi relámpago de terrenos pertenecientes a la empresa AUSA, desembocó en 40 casillas y una causa judicial a cargo de la fiscal Bruno.

Hoy, las casillas ya no están. Una plaza y una canchita de fútbol comenzaron a construirse. Gonzalo Mórtola, funcionario del Gobierno porteño, coordinador del Programa de Mejoras de la Villa 31 y 31 bis desde hace tres años, fue el encargado de la negociación. Ã?l mismo se paró en la autopista Illia a hablar con los que se encargaron de dirigir la toma, de hablar uno por uno con los vecinos. Mórtola tiene un trabajo por lo menos difícil: mejorar la precaria estructura de uno de los puntos más sensibles en toda la Capital, ser un virtual puente para los habitantes. "Nylon se desarticuló con un trabajo quirúrgico. Llevó un año desocupar el predio. Hubo que explicarles a los habitantes que estaban usurpando un terreno que era de AUSA, que no iban a recibir un subsidio", afirma a Infobae. Y Villa Nylon no fue algo caprichoso, casual; la toma del terreno obedeció a una lógica: esos terrenos fueron vendidos. En Nylon, como en otros barrios de la villa, Mórtola se encontró con algo que Infobae reveló la semana pasada: las mafias que usurpan terrenos del Estado para venderlos, una estafa de pobres contra pobres.

A mediados de este mes, la Cámara Criminal y Correccional a cargo de los jueces Ballestero, Farah y Freiler confirmó el pedido de procesamiento del juez Sebastián Casanello -investigación con la cual Mórtola colaboró- de cinco vecinos de la 31 por el delito de usurpación. En 2010 habían tomado un terreno propiedad del tren Belgrano Cargas, justo sobre las vías, impidiendo la entrada de trenes al puerto porteño. Según la acusación lo lotearon y lo vendieron. Y a varias familias a las que le vendieron luego las amedrentaron para que se vayan, de acuerdo a varios testimonios. En Villa Nylon, Mórtola vio la misma mecánica: "Fue tomar, lotear y vender. Pero nadie vivía en las casas. Muchos ya tenían la suya en otro lado de la Villa, en el barrio Comunicaciones. Había tres familias con sus bebés, nada más, gente que pagó 10 mil, 15 mil pesos por un mínimo lote de 4x4 metros".



Ya está acostumbrado a este problema, por otra parte. "Esto empecé a identificarlo en el día a día. Hay mucha coacción, amenazas de 'nosotros tomamos' o 'vamos a tomar', como frases 'te corto la autopista, me instalo y construyo', 'que a mí me vendieron un terreno y me sacaron del lugar, me vendió con un papel, un recibo de librería' En la Villa todo se sabe. Hay un grupo organizado de gente que lo hace. Se hace la denuncia, se da intervención a la Policía Federal. La Metropolitana no tiene jurisdicción. Pero hay una impunidad muy grande, esa es la verdad. No pasa nada. Y los que toman saben que no pasa nada. Los cabecillas saben que no van a ir presos. Hay un grado de impunidad absoluta. Las mafias de usurpación tienen una impunidad absoluta".

Nylon y el terreno del Belgrano Cargas no fueron el único caso. Casanello también investiga la usurpación de un galpón en la zona. Mórtola menciona otro ejemplo: "El asentamiento San Martín, una toma gigante que arrancó en 2010. Por ley, tenés un perímetro determinado para la Villa 31 y la 31 bis. El asentamiento San Martín está pegado a la terminal de ómnibus y a las vías del ferrocarril, es lo que ve saliendo de la estación a la derecha. Hoy estimamos que viven ahí unas cuatro mil personas, con edificios de cuatro, cinco pisos". Los nombres de los responsables también se repiten.

"Mirá que te corto la autopista, Mórtola. Te corto, eh". Trabar el acceso a la autopista Illia con mujeres, chicos y cubiertas prendidas fuego suele ser un acción que acompaña las tomas de terrenos. El funcionario suele escuchar mensajes como éste en su celular personal. Graciela Herrera, alias "Pelusa", estuvo más de una vez del otro lado de la línea. No solo fue una de las firmantes del acta de desalojo de Villa Nylon; Mórtola fue a dialogar con ella y otros capangas sobre la autopista Illia al momento de la toma. También aparece mencionada en la investigación del juez Casanello sobre la toma de terrenos del tren Belgrano Cargas. Casanello realizó en su procesamiento una división taxativa, de la cual se hizo eco la Cámara en su confirmación: diferenció a los que ocupaban terrenos por necesidad de los que ocupaban por lucro. El testimonio de una ocupante que fue sobreseída señaló a "Pelusa" Herrera como la responsable de vender lotes a 8500 pesos y de hasta proveer un boleto de compraventa. La misma ocupante indica que Herrera la intentó echar con la excusa de que le vendió el terreno "muy barato".

¿Cuál es el modus operandi, entonces, de un accionar delictivo que la Justicia ya comenzó a perseguir? Mórtola detalla: "El cabecilla va y promete cosas, le miente a la gente. El corte de la autopista suele ser un recurso. Se juntan dos o tres punteros y toman el terreno. Una vez que miden, ponen palos y nylon, el que consigue una chapa la monta y ahí queda. La mayoría se van a sus casas, que ya tienen, y quedan dos o tres vigías con Nextel. Cuando van organismos de gobierno como Desarrollo Social, cuando va el fiscal o Policía Federal, llaman por Nextel y de golpe, en vez de dos personas, tenés doscientas. ¿Por qué? Porque quieren que los censen para acceder al subsidio. Cuando está consolidada la toma, venden y ahí se ponen a construir. Si la familia a la que le venden es muy vulnerable o nueva en la villa, esperan dos o tres noches y la echan".



La ocupación de tierras no es la única variante. Las calles que se convierten en pasillos son un problema recurrente en la villa. Los vecinos expanden los límites de sus casas y edifican sobre las calles; lo hacen para alquilar habitaciones o porque sus familias se agrandan. Así, en cuestión de meses, las calles de la villa se convierten en pasillos literalmente. "Ya no pueden pasar ambulancias", se lamenta Mórtola. Otros van y ocupan directamente sobre los techos de casillas existentes: "Te ponen una loza y punto", dice el funcionario. En los nuevos barrios que se conforman, Mórtola escucha otro fantasma de boca de los vecinos: la posibilidad de que narcos instalen ghettos para hacer sus negocios. Los corralones ilegales que suplen de materiales a la villa -una ley restringe el ingreso para evitar su expansión- se suman al panorama: "Está el corralón de 'Rulo' y el de Jorge Blanco, ambos denunciados. Ellos compran materiales y se lo venden al vecino siete veces más caro de lo que se vende en un corralón del mercado común. Se respetan entre ellos. Y a nosotros la única señal que nos hacen llegar es la coacción. Nos hicieron un corte".

Mórtola sabe lo que es un desafío: su primer trabajo en el Gobierno porteño fue controlar el presentismo de empleados. Luego se hizo cargo del barrio San Francisco, dejado incompleto por Sueños Compartidos, el programa de construcción de Madres de Plaza de Mayo, tras el escándalo por presunta defraudación pública. Mórtola y su equipo hicieron edificar una plaza y un polideportivo, entre otros ítems. Y el accionar de las mafias usurpadoras trae otro debate: la transferencia de los terrenos de las villas 31 y 31 bis del Gobierno nacional al porteño. Para Mórtola, algo está fallando: "La transferencia de tierras no es un dicho, no es la excusa; no solo por el título, sino que es necesaria para regularizar los servicios públicos, para formalizar, para establecer códigos de edificación. Andá hoy a Edenor o Edesur, empresas reguladas y subvencionados por el Estado: no te ponen el medidor porque no está el título de la casa. Esa es la verdad. El Gobierno nacional no cuidó los terrenos. Ves las viejas vías en los pasillos, los bancos de hormigón. Gran parte del costo que tenemos en las obras es levantar las vías y los durmientes".